La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció el 19 de septiembre de 2022 dos actuaciones conectadas con la venta del token SPRK. Sparkster y su consejero delegado, Sajjad Daya, aceptaron un acuerdo por la oferta no registrada del activo, mientras el supervisor demandó por separado al promotor Ian Balina. El caso reunió tres riesgos jurídicos habituales de las ICO: registro de la oferta, reventa de tokens y publicidad remunerada.
Entre abril y julio de 2018, Sparkster había recaudado aproximadamente 30 millones de dólares de cerca de 4.000 inversores estadounidenses y extranjeros. La empresa presentaba su tecnología como una plataforma de desarrollo de software sin código y vendió SPRK para financiar el proyecto. Para la SEC, las circunstancias de la operación convertían los tokens en valores ofrecidos sin el registro exigido por la Securities Act ni una exención aplicable.
Cripto-índice:
El acuerdo con Sparkster
La orden administrativa de la SEC fue resuelta sin que Sparkster y Daya admitieran o negaran las conclusiones del organismo. Ambos aceptaron aportar conjuntamente más de 35 millones de dólares a un fondo destinado a inversores afectados. El paquete incluía devolución de beneficios, intereses y sanciones civiles.
El acuerdo no se limitó a una cantidad económica. Sparkster debía destruir los tokens que conservaba, publicar la orden del supervisor y solicitar a las plataformas que retiraran SPRK de la negociación. Estas obligaciones mostraban hasta dónde podían llegar los remedios regulatorios cuando un activo seguía circulando: no bastaba con detener futuras ventas si la SEC entendía que el mercado secundario prolongaba los efectos de una oferta irregular.
Para emisores, la lección era que denominar una venta como “token sale” o vincular el activo con una futura utilidad técnica no resolvía el análisis jurídico. La SEC aplicaba el test de Howey a las condiciones económicas: aportación de dinero, empresa común y expectativa razonable de beneficios dependientes del esfuerzo de otros.
Por qué la SEC demandó a Ian Balina
La segunda actuación se dirigió contra Ian Balina, un conocido divulgador e inversor cripto. Según la demanda, Balina compró alrededor de cinco millones de dólares en SPRK y recibió un bonus del 30 % vinculado con sus actividades promocionales. La SEC alegó que no reveló adecuadamente esa compensación cuando difundió el token en YouTube, Telegram y otros canales.
El supervisor añadió otra acusación: Balina organizó un investing pool con decenas de personas para revenderles parte de los tokens. Para la SEC, actuó como underwriter —una figura que participa en la distribución de valores— y realizó una oferta no registrada. El hecho de agrupar compradores mediante redes sociales no eliminaba las obligaciones que habrían existido en una distribución tradicional.
La distinción era importante. Una persona podía exponerse no solo por publicar un mensaje pagado sin transparencia, sino también por estructurar una compra colectiva y redistribuir el activo. Los promotores necesitaban documentar remuneraciones, conflictos de interés, público objetivo y encaje de la oferta antes de invitar a terceros a participar.
Relevancia para la publicidad cripto
El expediente reforzó la idea de que las reglas de publicidad financiera se aplican con independencia del formato. Un vídeo, un mensaje de Telegram o una publicación social pueden desempeñar la misma función económica que una recomendación en un medio convencional. Si existe pago, descuento, bonus o entrega de tokens, ocultarlo puede impedir que el público valore correctamente el interés del promotor.
También subrayó que la responsabilidad de un influencer no depende necesariamente de haber creado el proyecto. Quien impulsa una colocación, organiza compradores o recibe una compensación vinculada con la promoción puede quedar dentro del perímetro de la Securities Act. Para agencias y marcas, esto obliga a establecer controles sobre guiones, avisos, remuneraciones y conservación de pruebas.
Perspectiva desde 2026
El litigio contra Balina produjo una decisión relevante el 22 de mayo de 2024. El Tribunal del Distrito Oeste de Texas concedió a la SEC una sentencia sumaria parcial y concluyó que SPRK había sido ofrecido y vendido como valor. También sostuvo que Balina había actuado como distribuidor al comprar tokens con intención de colocarlos entre los miembros del grupo que controlaba y que las leyes estadounidenses eran aplicables a su conducta.
La resolución no cerró entonces todo el caso: la acusación específica sobre la falta de revelación de la compensación continuó sin resolverse por esa vía sumaria. Esa precisión evita una conclusión excesiva. Lo que sí quedó judicialmente reforzado fue que una ICO puede conservar su naturaleza de oferta de valores cuando un promotor crea un pool y redistribuye los tokens, aunque la captación se realice en comunidades digitales.
Fuentes
- SEC: acuerdo con Sparkster y demanda contra Ian Balina, 19 de septiembre de 2022.
- The Block: cobertura contemporánea del caso Balina, 19 de septiembre de 2022.
- SEC: sentencia sumaria parcial contra Ian Balina, 23 de mayo de 2024.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.